Cometidos durante el conflicto armado colombiano.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirá la situación jurídica de 77 desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC que no son “máximos responsables” de secuestros cometidos durante el conflicto armado colombiano, informó este sábado ese tribunal.
En su investigación, la Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que “estos 77 comparecientes no son máximos responsables de la política de secuestro para financiarse, controlar territorios y promover el intercambio de guerrilleros presos que ejecutó el Bloque Noroccidental FARC”.
El grupo lo conforman personas que fueron guerrilleros rasos, colaboradores y milicianos que no cumplieron roles de mando, liderazgo y planeación en los secuestros y otros crímenes en el contexto del cautiverio.
Tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos hechos, que fueron calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Su participación se limitaba al cumplimiento de funciones operativas asignadas por sus superiores, tales como tareas logísticas, de seguridad, inteligencia, abastecimiento o apoyo en la custodia de personas privadas de la libertad”, dice un auto emitido por el despacho sobre el Caso 01, en el que se investigan los secuestros de esa guerrilla que se desmovilizó en 2016 luego de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno.
Penas restaurativas
De las más de 4.325 víctimas de secuestro que están acreditadas en el macrocaso 01 de la JEP, al menos 314, entre víctimas directas y familiares, señalan como presunto responsable al Bloque Noroccidental.
Por estos crímenes ya fueron imputados siete antiguos mandos medios de ese bloque, que operó en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda.
La JEP estableció que ellos fueron los máximos responsables de los secuestros en esa región y, además, “ya reconocieron públicamente su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes perpetrados en el contexto del cautiverio como desaparición forzada, homicidio, tortura, tratos crueles y degradantes e incluso violencia sexual”.
Los máximos responsables de esos delito tendrán una pena restaurativa de entre cinco y ocho años de prisión, mientras que los que no son máximos responsables pagarán una pena de entre dos y cinco años.
En ambos casos son sentencias restaurativas que implican desarrollar trabajos de carácter reparador y un componente de restricción de libertades, pero no penas de cárcel.
A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a 309 exintegrantes de las extintas FARC, dentro del macrocaso 01, en el que se investigan los secuestros de la antigua guerrilla.
El próximo martes, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP dará a conocer la primera sentencia de penas restaurativas contra siete comparecientes de las FARC que reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.
Esos comparecientes son los miembros del último secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez).